A continuación publico un manifiesto cuyo motivo de redacción me parece vergonzoso.
Viviendo en una democracia del siglo XXI que teóricamente salvaguarda derechos tan esenciales como el de libertad de expresión y de prensa -la práctica es distinta en algunos casos- un historiador se ve envuelto en un proceso judicial a causa de su labor profesional como investigador.
Dionisio Pereira ha sido denunciado por aquellos que se consideran agraviados por el trabajo acerca de la represión franquista sobre Cerdedo, localidad de Pontevedra.
Aún más alarmante es este suceso cuando existen otros individuos a los que pueden decir tal o cual cosa en aras de la libertad citada y que incluso tienen su plataforma mediática. Incluso existen los que hacen gira negando el Holocausto.
Independientemente de las posturas políticas que tanto condicionan la investigación de la Historia reciente, me adhiero a esta causa publicando e el siguiente comunicado tomado de Kaos en la Red, por una CIENCIA HISTÓRICA LIBRE
Los abajo firmantes, investigadores y profesores de historia de universidades, centros de estudio y asociaciones de la memoria, españoles y de otros países, queremos manifestar nuestra solidaridad con el historiador Dionisio Pereira, denunciado judicialmente una y otra vez por familiares de presuntos represores durante la guerra civil y la dictadura, que aparecen nombrados en las fuentes utilizadas en sus investigaciones publicadas sobre la represión franquista en el pueblo de Cerdedo (Pontevedra).
El Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, amparando con abundante jurisprudencia sus derechos constitucionales de libertad científica y de opinión “en el terreno histórico”, ha absuelto ya a nuestro colega, cuya situación legal depende, así y todo, de lo que decida próximamente la Audiencia Provincial de Pontevedra, y aún posteriormente de los previsibles recursos a instancias jurídicas superiores. Un calvario judicial que muestra la flaqueza y vulnerabilidad de nuestra joven democracia y de su ordenamiento legal en el tema que nos ocupa.
La difusión de esta anómala situación ha destapado en toda la geografía española otras parecidas que están siendo resueltas “caso a caso” por los tribunales de justicia, con la consiguiente alarma de los historiadores, que vemos así dificultado nuestro trabajo sobre la historia española reciente ante la posibilidad de ser víctimas del acoso judicial por parte de los descendientes de las personas que aparecen en la documentación, oral y escrita, como responsables de torturas y asesinatos de personas por causa de sus ideas durante la guerra civil y la dictadura franquista.
Tratamiento injusto, antidemocrático y hostil hacia los historiadores de profesión y dedicación que ninguno de nosotros, independientemente de nuestras especialidades y nacionalidades, estamos dispuestos a tolerar.
La sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2004 asegura la protección constitucional de una “ciencia histórica libre” y que son los “propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro”. No siendo, por tanto, “misión de los Tribunales de Justicia el realizar un juicio sobre verdades históricas”. Sin embargo, los juicios contra historiadores siguen celebrándose, y pueden incluso intensificarse conforme se vayan aplicando las nuevas políticas publicas de investigación, reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura aprobadas en al Ley de la Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, cuya puesta en práctica y perfeccionamiento exigimos.
Por todo lo cual, demandamos del Gobierno español, y de las instituciones parlamentarias, garantes por imperativo constitucional de un ejercicio no discriminatorio de las libertades democráticas y responsables del cumplimiento de las leyes vigentes, el desarrollo de la “Disposición final primera” que habilita al Gobierno a “dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación” de la citada ley de la memoria. Proponemos, en concreto, que se añada una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la guerra civil y el franquismo, en base a fuentes históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías correspondientes, sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.
Es obligación general de las autoridades democráticas amparar en la práctica las libertades de análisis, interpretación y opinión de los historiadores, sin excepción, y del Gobierno en particular fijar una referencia legal que facilite a las administraciones, funcionarios e instituciones del Estado salvaguardar en las mejores condiciones el ejercicio libre de la investigación en temas que son, además, de vital importancia para cerrar de una vez, con la identificación, localización y dignificación de las víctimas (y el reconocimiento de los luchadores por la libertad), la guerra civil y la dictadura franquista, completando así la transición a la democracia en España iniciada en 1977.
Resulta incomprensible que, habiéndose previsto medidas de apoyo y responsabilidad institucional tocante a la conservación de documentos, acceso a los archivos, investigación sobre las victimas del franquismo y la guerra civil (incluyendo la recuperación de sus restos), se hayan olvidado los legisladores españoles de las personas que están aportando de forma comprometida y desinteresada su rigor académico y honestidad profesional a un conocimiento más preciso y plural de la verdad histórica, sin el cual difícilmente las generaciones futuras podrán apreciar, en su esencia y con perspectiva histórica, el régimen político democrático que van a heredar.
En la Red, a 20 de mayo de 2008
Primeros firmantes:
Carlos Barros, Paul Preston, Sebastian Balfour, Justo Beramendi, Carlos Jiménez Villarejo, Carlos Taibo Arias, Nicolás Sánchez-Albornoz, Ramón Chao, Luis Alonso Álvarez y 340 firmas más.
