Fin de la ocupación de Interfacultades

El pasado 25 de marzo se puso fin a la ocupación del edificio Interfacultades de la Universidad de Zaragoza.
Tras 108 días de encierro en protesta contra la implantación del Plan Bolonia y reivindicando un diálogo digno con el rectorado, mis compañeros de la Universidad de Zaragoza, decidieron ocupar el rectorado por la mañana para conseguir de una vez el reclamado diálogo.
Tras unas horas de tensión ante una posible respuesta represiva por parte del rectorado, se ha conseguido de manera pacífica una serie de compromisos que dan pie al fin de la ocupación.

Según mis fuentes, Manuel López, rector de la Universidad de Zaragoza, se compromete a condenar las medidas represivas contra los estudiantes acontecidas en Barcelona públicamente, llevar a cabo un referéndum acerca de la aceptación de los estudiantes ante dicha reforma, la aceptación a participar en un debate público en el que se discutirá sobre el plan, y la promoción de reformas, tanto de oferta de plazas como de precio del máster del profesorado, entre otros.

A día de hoy, ACPU, todavía no ha publicado una información detallada sobre la negociación. Lo importante es que, aunque haya tenido que ser a través de estos medios, se ha conseguido una aproximación al diálogo.

Unos compromisos que quizá se queden en "agua de borrajas", según los más escépticos, pero unos compromisos al fin y al cabo. Las próximas fechas nos dirán el verdadero resultado de tales negociaciones.

Es el fín del encierro en Zaragoza, pero no el fin de la oposición.

"Somos estudiantes, no delincuentes"

Esta es una de las proclamas más escuchadas en concentraciones y manifestaciones estudiantiles al calor de los vergonzosos sucesos de los últimos días.

A medida que el proceso de Bolonia avanza, el movimiento estudiantil contrario a tal reforma educativa va cobrando fuerzas. Nuevos alumnos, colectivos, profesorado y personal de servicios de las universidades, se suman a esta reivindicación gracias a la labor informativa de los estudiantes.

Europa vive en los últimos tiempos el despertar de un movimiento que parecía aletargado desde hacía décadas. Francia, Italia, Grecia, España... vive sucesos que son un claro despertar del desperezamiento del colectivo estudiantil con motivo de una reforma educativa a nivel europeo confeccionada en la trastienda de los gobiernos e impuesta con una propaganda informativa que oculta el lado oscuro de una medida profundamente neoliberal.

Una medida decidida sin contar con el colectivo universitario y de los futuros estudiantes de estudios superiores, que ha despertado la oposición de aquellos que han decidido no dejarse llevar por la propaganda gubernamental basada en repetir y repetir los aspectos parciales que resultan positivos, pero respondiendo con ambigüedades o dejando en el tintero otros que ponen en tela de juicio el carácter público de la universidad, la elitización económica ante el acceso a ésta o la mercantilización de la educación superior.

Viviendo en un Estado democrático moderno, nos encontramos con que la alternativa política es ninguna ante tal medida si tomamos las evidentes actitudes de las dos formaciones políticas que se reparten el poder. Unos partidos que ya han demostrado que no son representativos de la sociedad despertando protestas multitudinarias; ayer contra la LOU, hoy contra el proceso de Bolonia. Un bipartidismo donde se juega al "donde dije digo, digo Diego" en afán de la consecución de votantes con unas medidas contradictorias que dan un giro de 180 grados según se esté en el gobierno o en la oposición. Me gustaría rescatar algunas declaraciones que contrastan claramente entre la actitud que tenía el PSOE en 2001-2002 contra la LOU (recordemos lo que se decía entonces), donde se protestaba ante unos resultados que se preveían similares a los de Bolonia:

* Octubre de 2001. Carme Chacón (secretaria de Educación del PSOE y actual Ministra de Defensa) Acerca del proyecto de la LOU, medida promovida por el PP (partido en el gobierno): La secretaria de Educación del PSOE acusa a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, de no haber escuchado ni a la oposición ni a la comunidad educativa y de tratar de sacar adelante una ley a la que "se oponen todos los sectores".
[s.n.]. Las aulas se levantan. [Madrid]: El Mundo, 2001 [Consulta: 22/03/2009]http://www.elmundo.es/especiales/2001/10/sociedad/educacion/universidadcritica.html

* 20 Noviembre de 2001. Nos encontramos con este titular: "Zapatero llama a los madrileños a manifestarse contra la LOU el 1 de diciembre", y extraigo "Zapatero emplazó a los madrileños a que ofrezcan una «respuesta masiva» para conseguir «un debate amplio, serio, intenso, rico en la sociedad española» sobre el futuro de la universidad".
[s.n.] Zapatero llama a los madrileños a manifestarse contra la LOU el 1 de diciembre [Madrid]: El Mundo, 2001 [Consulta: 200/03/2009]http://www.elmundo.es/2001/11/20/sociedad/1074073.html

Esta era la actitud del gobierno de entonces, pero cambiando el color del gobierno, parece que las cosas han seguido igual y la LOU no sólo no se derogó sino que continúa adelante y está dentro del Proceso de Bolonia, acentuando los aspectos por los que se protestaba.

Hoy ese reclamo del ayer a escuchar a la comunidad educativa y ese llamamiento a la manifestación en pro de un debate, se han convertido en desmedidos sucesos de represión como los sucedido en las calles y facultades de Barcelona (podemos ver ejemplos aquí y aquí), que no sólo han producido cargas, detenciones y heridos entre los estudiantes, sino también entre periodistas, mossos, turistas e incluso un niño de 10 años. Una actitud de violenta represión que, aún con la evidencia de los testimonios grabados, todavía algunos se permiten el lujo de justificar.

En este momento, las manifestaciones, concentraciones, ocupaciones y demás actos de protesta es el único medio de voz de estudiantes que reclamamos el diálogo ante una medida que consideramos impuesta ya que no se ha contado con la opinión de la comunidad universitaria que ha sido expresada en el momento que se le ha permitido obteniendo sorprendentes resultados. Quizá estos resultados haya echado para atrás la posibilidad de iniciativa en otras universidades que conllevarían otros resultados similares que no conviene conocer.

Hobsbawm contra el MI5

El investigador de la Historia se enfrenta a muchos problemas a la hora de recopilar datos. Por citar algunas, unas veces está presente la limitación de sus medios, otras a una posible destrucción u ocultación de importantes fuentes y en otros casos por la misma legislación existente.

Me hubiera gustado escribir un artículo acerca de la legislación que censura en Francia sobre algunos trabajos que van en contra de lo que dicen unos u otros políticos qué hay que se puede decir sobre esto y sobre aquello, y establecen, como el Papa, dogma de fe en su "verdad" histórica cerrando el debate so pena de apertura de un proceso judicial. Temporalmente lo dejo en el tintero, ya que me quiero hacer eco de esta noticia.

Este y otros muchos casos son ejemplos de los obstáculos a los que se enfrentan los investigadores a la hora de abordar cuestiones acerca de la historia reciente, y posiblemente más tratándose de un siglo tan convulso como es el siglo XX.

Según el diario británico The Guardian, al celebérrimo historiador Eric Hobsbawm, le ha sido negada la consulta de su expediente en el MI5 -al servicio de Su Majestad- cuando el historiador lo solicitó, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos en 2007, con objeto de hacer las correcciones pertinentes en su autobiografía publicada en 2002, Años Interesantes: Una Vida en el Siglo XX, donde repasa su vida, pasando por sus años de universitario izquierdista, su vinculación con la sociedad secreta "Los Apóstoles de Cambridge" o su militancia en el CPGB en el Reino Unido de la preguerra y posteriormente de la Guerra Fría que fueron motivos suficientes, en aquella época, para ser investigado por el servicio de espionaje interior británico.

Los servicios secretos tienen la obligación en virtud a la ley, de examinar las solicitudes de acceso a estos datos, pero la Ley de Libertad de Información no se aplica al MI5 y al MI6 de la misma manera que a otras bases de datos, debido a motivos, entre otros, de "seguridad nacional", aunque hayan sido liberados expedientes de personajes ya fallecidos como el de George Orwell. Posiblemente, determinados temas que hayan podido abrir heridas, es mejor no tocarlos hasta que la medicina del tiempo las haya cerrado, como indicó el historiador "La única razón que se me ocurre es que no quieren revelar quién me delató a las autoridades".

La respuesta que recibió Hobsbawm a su solicitud sería algo así como "Hemos llevado a cabo una búsqueda en los registros del Servicio de Seguridad y hemos determinado que el servicio no posee ningún dato personal a la que tienen derecho a acceder mediante la sección 7 de la ley. No debe concluir de nuestra respuesta que poseamos o no cualquier dato personal sobre usted"

Esto lleva a hacerse varias preguntas en el supuesto caso que el MI5 tenga datos del historiador -algo probable ya que como indicó Lord Lipsey, consejero especial del primer ministro James Callaghan durante los años setenta,"los servicios de espionaje estaba ansiosos por recabar información sobre los comunistas -entonces un partido que no representaba una amenaza para nadie- mientras obviaban a las sectas trotskistas que sí encarnaban una amenaza potencial para la seguridad nacional"-. En primer lugar ¿Cuán limitado está el trabajo de historiador al acceso de las fuentes de información? En este caso estamos ante la solicitud de Eric Hobsbawm, que no es ningún "mindungui". Personajes como Winston Churchill, Clement Attlee, Karl Popper o Sir Alec Guinness forman parte de la exclusiva Orden de Compañeros de Honor, Hobsbawm está entre ellas además de haber recibido otros reconocimientos académicos y extraacadémicos a lo largo de su carrera, pero hoy, su solicitud se le deniega por motivos de "seguridad nacional".
La siguiente pregunta que me suscita esta noticia sería ¿Cuán limitada es la transparencia, y más aún acerca de datos privados, que existe en un Estado que se define democrático? Paradójicamente la utilización de datos personales está a la orden del día, se comercializa con ellos legal, ilegal o alegalmente; cualquier empresa puede tenerte "fichado" en su base de datos para bombardearte con publicidad aunque desconozcas la fuente de la que lo extrajo, pero por otro lado, qué difícil es acceder a la información, por mucha legislación que exista, cuándo decides preguntar ¿qué sabe usted de mí -no de un tercero-? siempre existirá una argucia legal o un tortuoso camino lleno de trabas burocráticas que impedirán que consigamos una respuesta o la eliminación real de nuestros datos.
Otra pregunta que me hago es ¿Cuán vivo está todavía en los Estados democráticos capitalistas esa vigilancia, esa guardia permanente y encubierta heredera del macartismo ante cualquier mínima sospecha de subterfugio que sea susceptible en convertirse en una amenaza contra el orden establecido cuando la libertad y la democracia son máximas reivindicadas por el bicolor político gobernante? Es perfectamente comprensible que la investigación de una actividad terrorista o una trama delictiva de cualquier índole sea investigada en secreto con el fin de conseguir la máxima eficacia en las pesquisas, pero esto es distinto. Desconocemos hasta qué punto podemos estar observados por el ojo del Gran Hermano, incluso pensamos que eso es imposible ya que no hacemos nada malo pero la evidencia está, por ejemplo, en las calles en forma de cámaras que velan por nuestra seguridad. En este caso Hobsbawm solicita acceder a los datos supuestamente recopilados por el MI5, en otra época, en relación a la supuesta investigación llevada a cabo sobre sus actividades políticas aunque, citando sus palabras, "hasta donde alcanza mi conocimiento, nunca he estado implicado en ningún asunto que concierna a la seguridad del país", y esto suscita la última pregunta que voy a comentar ¿hasta qué punto sigue vivo el miedo a los fantasmas del pasado para que sean considerados hoy asuntos de seguridad nacional?

La noticia también es comentada en ABC, El País o La Bitácora de Hobsbawm.

Nuestras Lenguas Comunes

Hace unos días publiqué el Manifiesto por una Lengua Común, presentado por Fernando Savater y Mario Vargas Llosa entre otros. Hoy, gracias a un comentarista -ya que debido a diversos motivos estoy algo alejado de mi actividad bloggera- voy a publicar la contrapartida a dicho manifiesto.

El Manifiesto en apoyo al plurilingüísmo, que lleva como nombre "Nuestras Lenguas Comunes", es una reacción al anterior.

Desde el momento que me hice eco del primer manifiesto, supe que esto iba a traer cola, pues en la España actual existen heridas abiertas que arrastran problemas de décadas, e incluso podríamos remontarnos más atrás.
Intelectuales como Álvarez Junco ya mostraron su opinión acerca de la controversia despertada por el manifiesto anteriormente a éste que citaré a continuación.

En un ejercicio de "clarividencia", pero sin trucos ni artes ocultas, quise ser observador de los acontecimientos de uno de esos "asuntos pendientes" que aqueja el país: los nacionalismos, que junto a otros rescoldos de lo relacionado con la guerra del 36 y su posterior etapa dictatorial, son, quizá, los ámbitos donde la polémica y la crispación están aseguradas.

Mi afán empírico, y siempre desde la máxima objetividad que me permite mi condición humana y como sujeto en relación directa con el objeto acerca de esta observación, me llevó a poner en práctica este experimento cuyo efecto a la causa fue tempranamente observable en forma de comentarios en el anterior post. A escala oficial, como le corresponde a los contestatarios del Manifiesto anteriormente publicado, sólamente le ha costado unos días a la parturienta reacción dar a luz tras salir de cuentas.

Este manifiesto que sigue a continuación arremete contra el anterior mostrando otros punto de vista distintos y existentes acerca del tema abordado.
Se observan diferencias sustanciales y analizables desde un punto de vista político y sociológico sobre las razones que llevan a los distintos grupos a exponer sus argumentos, como la aceptación de la Constitución de 1978 o su necesidad de revisión, las distintas interpretaciones del artículo 139.1 y la distinta sensibilización ante la defensa de las distintas lenguas nacionales sobre los distintos territorios.

Quepa ésto como simple prueba de una observación acerca de uno de estos asuntos, que considero de difícil solución en España, y sobre un tema como es el de los nacionalismos -que está en directa relación- que considero uno de los esenciales para entender la situación actual del país.

A continuación el Manifiesto:

Asistimos en estos días a una nueva oleada de nacionalismo lingüístico español de la que el principal botón de muestra es el Manifiesto por la lengua común que ha promovido una veintena de intelectuales de prestigio. El texto en cuestión se asienta en certezas que nacen de aquello que, al parecer, no puede someterse a discusión, como ocurre, por lo demás, en muchos ámbitos de la vida de un Estado que presume de su condición democrática. En las disputas correspondientes adquiere singular relieve la Constitución de 1978, producto de un pacto en el que, en ámbitos sensibles como éste, se impusieron normas sin recabar la opinión de los afectados. Aun en el caso de que aceptásemos la condición inequívocamente democrática del referendo constitucional de aquel año, habría que preguntarse si tres decenios después no es legítimo reclamar, en sentido bien diferente del que invocan los promotores del manifiesto mencionado, una revisión de las normas entonces instituidas. Las cosas como fueren, es significativo que la nueva oleada de nacionalismo lingüístico español prefiera esconder que las reglas que hace suyas no son precisamente neutras.

Llama poderosamente la atención que las mismas personas que afirman con particular insistencia y frente a toda evidencia, tal y como lo revelan las leyes que afectan entre nosotros a las lenguas que los derechos no acompañan ni a éstas ni a los territorios, sino a las personas, no aprecien problema alguno en el enunciado que se ha convertido en guía principal del Manifiesto por la lengua común: el de que, mientras todos los ciudadanos españoles están obligados a conocer el castellano esto no es, al parecer, una imposición, sino un hecho cuya consistencia, sin más, se supone, los hablantes de otras lenguas disfrutan, sin más, del derecho a emplear estas últimas. Si sobran las razones para concluir que semejante enunciación contradice palmariamente lo que afirma el artículo 139.1 de la Constitución en vigor Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado,más inquietante es que en la España de hoy se dé por demostrada, al parecer hasta el final de los tiempos, la adhesión popular a reglas como la invocada, en un escenario en el que se hace valer una oposición cerril al despliegue de mecanismos que permitan conocer si la ciudadanía acata esas reglas o, por el contrario, las repudia.

Para el nacionalismo lingüístico español la lengua castellana es superior, cómoda, fácil y útil, virtudes todas ellas que son siempre el producto de circunstancias naturales, nunca de la imposición y la represión. Las lenguas de los demás son, por el contrario, molestas, arcaicas, antieconómicas y francamente prescindibles. Al tiempo que la defensa del castellano se ajusta por definición a un impulso democrático, la de las restantes lenguas responde cabe entender a espurios y cavernarios intereses marcados por esa felonía que identifica el Manifiesto por la lengua común; si en las segundas se revelan por doquier los espasmos negativos de los nacionalismos, por detrás de la primera no habría, en cambio, nacionalismo alguno.

La estrategia principal no nos engañemos apunta a ratificar la situación de incómoda marginación y minoría de las lenguas no castellanas, y a hacerlo de la mano de medidas que tienen un cariz visiblemente asimétrico. Baste como botón de muestra el recordatorio de que los firmantes del manifiesto que nos ocupa entienden que, aun siendo recomendable que en las comunidades calificadas de bilingües la rotulación de edificios y vías públicas se registre en las dos lenguas, en modo alguno podrá realizarse en exclusiva en la lengua propia del país en cuestión, sin que,por omisión, y cabe entender, se rechace la posibilidad de que la rotulación se produzca únicamente en castellano.

El idioma y la fuerza

A los ojos de los nacionalistas lingüísticos españoles, la lengua común no se impone por la fuerza tal horizonte es ontológicamente inimaginable,frente a lo que ocurre, al parecer, con las lenguas no castellanas. Mientras se rechazan determinadas políticas alentadas por los gobiernos autonómicos que se limitan a reclamar para las lenguas respectivas las mismas prerrogativas de las que disfruta el castellano en Madrid, en Sevilla o en Valladolid, se prefiere olvidar cómo, en el pasado y en el presente, medidas aplicadas a menudo con saña y violencia han beneficiado de siempre al castellano y explican, siquiera parcialmente, su condición de visible preeminencia contemporánea. Mientras se manipulan y magnifican, en suma, los problemas que los castellanohablantes puedan encontrar en algunos lugares, se esquiva toda consideración en lo relativo a la delicada situación en la que se encuentran el catalán, el gallego y el vasco, y ello sobre la base de la increíble afirmación de que los objetivos de dignificación de esas lenguas ya han sido, al parecer, satisfechos.

No consta que los nacionalistas lingüísticos españoles, de siempre interesados en defender en exclusiva su lengua, se hayan pronunciado en momento alguno en favor de los legítimos derechos de los hablantes de las lenguas no castellanas. Que en los hechos el principio de libre elección lingüística en el sistema educativo sólo se postula para los castellanohablantes lo certifica la ausencia, dramática, de toda consideración en lo que atañe a ese principio aplicado, por ejemplo, en las personas de los hablantes de catalán, gallego y vasco que residen fuera de los territorios en los que las lenguas correspondientes son oficiales. Al cabo parece obligado concluir que esas lenguas no son percibidas como propias, circunstancia que da al traste, de paso, con cualquier proyecto creíble de bilingüismo: llamativo es que, mientras los nacionalistas lingüísticos españoles se desenvuelven orgullosamente como monolingües en castellano, se rechaza que los hablantes de catalán, gallego y vasco puedan comportarse como monolingües en las lenguas respectivas. Lo que en los hechos se reivindica un monolingüismo de facto es percibido en cambio como una afrenta cuando se sobreentiende que es la apuesta de los gobernantes de las comunidades autónomas que disponen de lenguas propias.

Una curiosa defensa

El Manifiesto por la lengua común configura, en fin, una curiosa defensa de una lengua que pareciera no tener a su disposición ningún tipo de apoyo. Para certificar lo contrario ahí están la maquinaria del Estado, el sistema educativo, un sinfín de rancias instituciones, el grueso de los medios de comunicación, buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica, el respaldo de intelectuales de prestigio y, en fin, las propias fuerzas armadas. Por si poco fuere, y a tono con los tiempos, el manifiesto que nos interesa recaba para sus promotores la doble condición de luchadores por los derechos humanos y de defensores de los desheredados. Pena es que, por muchos esfuerzos que se hagan, el texto no acierte a ocultar la defensa obscena de privilegios tan impuestos como asentados, y la ritual demonización, también a tono con los tiempos, de quienes disienten, paradójicamente tildados, a menudo, de fascistas y totalitarios. Que semejante campaña sea atizada, en suma, desde medios de comunicación y cenáculos de la derecha más montaraz dice mucho de su sentido más profundo.

Firmantes:

Carlos Fernández Liria
profesor de Filosofía UCM

Montserrat Galcerán
catedrática de Filosofía, UCM

Pedro Ibarra
catedrático de Ciencias Políticas, UPV

Juan Carlos Moreno Cabrera
catedrático de Lingüística, UAM

Arcadi Oliveres
profesor de Ciencias Políticas, UAB

Jaime Pastor
profesor de Ciencias Políticas, UNED

Carlos Taibo
profesor de Ciencias Políticas, UAM

FUENTE
VV.AA. Nuestras Lenguas Comunes [en línea]. [s.l.]: Público, 2008 [Consulta:20/04/2008] http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=460949173146580016&postID=2200054265264033532

Manifiesto por una Lengua Común

El mes pasado se presentó en el Ateneo de Madrid una propuesta con el fin de llevarla ante el Parlamento encabezada por intelectuales de la talla de Fernando Savater y Mario Vargas Llosa.
La iniciativa consiste en la petición de aplicación de medidas gubernamentales con el fin de proteger el castellano en todo el territorio español.
España es un país multicultural donde coexisten distintas realidades culturales, nacionalidades y lenguas que hacen de España un país culturalmente rico.
Estas lenguas están reconocidas como co-oficiales junto al castellano y protegidas por la Constitución Española de 1978.
Lo que el manifiesto reclama es que la aplicación del artículo 3 de la Constitución vigente está siendo tratada mediante una libre interpretación según los intereses de distintos territorios teniendo, el mencionado artículo constitucional, una aplicación "asimétrica" en determinados territorios en favor de las otras lenguas co-oficiales y en detrimento del castellano.

Siguiendo la estela de otras bitácoras amigas como Historias de la Historia o Vanity Fea, publico el Manifiesto y, si estáis de acuerdo, podéis aportar vuestra firma desde El Mundo o UPyD.

Manifiesto por una Lengua Común

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

FUENTE
[s.n.]. Manifiesto por una Lengua Común [en línea]. [Madrid]: El País, 2008 [Consulta: 03/07/08] http://www.elpais.com/articulo/espana/Manifiesto/lengua/comun/elpepuesp/20080623elpepunac_29/Tes

Manifiesto de apoyo a Dionisio Pereira

A continuación publico un manifiesto cuyo motivo de redacción me parece vergonzoso.
Viviendo en una democracia del siglo XXI que teóricamente salvaguarda derechos tan esenciales como el de libertad de expresión y de prensa -la práctica es distinta en algunos casos- un historiador se ve envuelto en un proceso judicial a causa de su labor profesional como investigador.

Dionisio Pereira ha sido denunciado por aquellos que se consideran agraviados por el trabajo acerca de la represión franquista sobre Cerdedo, localidad de Pontevedra.

Aún más alarmante es este suceso cuando existen otros individuos a los que pueden decir tal o cual cosa en aras de la libertad citada y que incluso tienen su plataforma mediática. Incluso existen los que hacen gira negando el Holocausto.

Independientemente de las posturas políticas que tanto condicionan la investigación de la Historia reciente, me adhiero a esta causa publicando e el siguiente comunicado tomado de Kaos en la Red, por una CIENCIA HISTÓRICA LIBRE

Los abajo firmantes, investigadores y profesores de historia de universidades, centros de estudio y asociaciones de la memoria, españoles y de otros países, queremos manifestar nuestra solidaridad con el historiador Dionisio Pereira, denunciado judicialmente una y otra vez por familiares de presuntos represores durante la guerra civil y la dictadura, que aparecen nombrados en las fuentes utilizadas en sus investigaciones publicadas sobre la represión franquista en el pueblo de Cerdedo (Pontevedra).

El Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, amparando con abundante jurisprudencia sus derechos constitucionales de libertad científica y de opinión “en el terreno histórico”, ha absuelto ya a nuestro colega, cuya situación legal depende, así y todo, de lo que decida próximamente la Audiencia Provincial de Pontevedra, y aún posteriormente de los previsibles recursos a instancias jurídicas superiores. Un calvario judicial que muestra la flaqueza y vulnerabilidad de nuestra joven democracia y de su ordenamiento legal en el tema que nos ocupa.

La difusión de esta anómala situación ha destapado en toda la geografía española otras parecidas que están siendo resueltas “caso a caso” por los tribunales de justicia, con la consiguiente alarma de los historiadores, que vemos así dificultado nuestro trabajo sobre la historia española reciente ante la posibilidad de ser víctimas del acoso judicial por parte de los descendientes de las personas que aparecen en la documentación, oral y escrita, como responsables de torturas y asesinatos de personas por causa de sus ideas durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Tratamiento injusto, antidemocrático y hostil hacia los historiadores de profesión y dedicación que ninguno de nosotros, independientemente de nuestras especialidades y nacionalidades, estamos dispuestos a tolerar.

La sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2004 asegura la protección constitucional de una “ciencia histórica libre” y que son los “propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro”. No siendo, por tanto, “misión de los Tribunales de Justicia el realizar un juicio sobre verdades históricas”. Sin embargo, los juicios contra historiadores siguen celebrándose, y pueden incluso intensificarse conforme se vayan aplicando las nuevas políticas publicas de investigación, reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura aprobadas en al Ley de la Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, cuya puesta en práctica y perfeccionamiento exigimos.

Por todo lo cual, demandamos del Gobierno español, y de las instituciones parlamentarias, garantes por imperativo constitucional de un ejercicio no discriminatorio de las libertades democráticas y responsables del cumplimiento de las leyes vigentes, el desarrollo de la “Disposición final primera” que habilita al Gobierno a “dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación” de la citada ley de la memoria. Proponemos, en concreto, que se añada una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la guerra civil y el franquismo, en base a fuentes históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías correspondientes, sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.

Es obligación general de las autoridades democráticas amparar en la práctica las libertades de análisis, interpretación y opinión de los historiadores, sin excepción, y del Gobierno en particular fijar una referencia legal que facilite a las administraciones, funcionarios e instituciones del Estado salvaguardar en las mejores condiciones el ejercicio libre de la investigación en temas que son, además, de vital importancia para cerrar de una vez, con la identificación, localización y dignificación de las víctimas (y el reconocimiento de los luchadores por la libertad), la guerra civil y la dictadura franquista, completando así la transición a la democracia en España iniciada en 1977.

Resulta incomprensible que, habiéndose previsto medidas de apoyo y responsabilidad institucional tocante a la conservación de documentos, acceso a los archivos, investigación sobre las victimas del franquismo y la guerra civil (incluyendo la recuperación de sus restos), se hayan olvidado los legisladores españoles de las personas que están aportando de forma comprometida y desinteresada su rigor académico y honestidad profesional a un conocimiento más preciso y plural de la verdad histórica, sin el cual difícilmente las generaciones futuras podrán apreciar, en su esencia y con perspectiva histórica, el régimen político democrático que van a heredar.

En la Red, a 20 de mayo de 2008

Primeros firmantes:

Carlos Barros, Paul Preston, Sebastian Balfour, Justo Beramendi, Carlos Jiménez Villarejo, Carlos Taibo Arias, Nicolás Sánchez-Albornoz, Ramón Chao, Luis Alonso Álvarez y 340 firmas más.

El "Caso Odyssey" II. Junio de 2007

En el artículo anterior, vimos el origen del “caso Odyssey”, haciendo un recorrido durante el mes de mayo, con alguna referencia anterior.
En este artículo abordaré de la misma manera lo sucedido durante el mes de junio a través de las notas de prensa.

Habíamos dejado el caso con la denuncia del gobierno español a las autoridades judiciales de los tribunales estadounidenses, ante las evidencias claras presentadas –la fotografía que relacionaba el tesoro con un real de Carlos III, y el seguimiento presentado por Pipe Sarmiento sobre los movimientos del Odyssey en aguas españolas a través de satélite.
Habíamos nombrado también el supuesto colaboracionismo del gobierno británico con la empresa cazatesoros.

Continuaré, entonces, con la crónica para el mes de junio.

Dejando a un lado las noticias encontradas, que de alguna manera repiten lo ya comentado, encontramos como primera novedad la noticia de que un submarinista acusó al buque Odyssey de simular la recuperación de un tesoro en Gibraltar. El fín de ésto, según el experimentado submarinista, Roberto Mazzara -aunque con cierto historial sospechoso-, podría ser el de legalizar un tesoro expoliado ilegalmente en Florida. Según explicó “en Florida todos los cayos han sido declarados parque nacional y todos los pecios que hay hundidos ya no se pueden tocar y por eso los tesoros que recuperan ocultamente luego los tienen que legalizar e inventan que han localizado un barco ficticio sin que se pueda demostrar dónde”, o bien para que “suban sus acciones bursátiles –como ocurrió- declarando que han recuperado un tesoro que nunca ha existido”.
Como pruebas alegó que el real de Carlos III, era una moneda que nunca ha estado en el mar, “porque, si se acaban de sacar después de muchos años en el mar, están negras” y si se las somete a un tratamiento de electrolitos tampoco presentarían el aspecto que ofrecen; además de la inexistencia de pecios en esa zona que tuvieran “una carga de esa magnitud” ni de ese tipo. En este caso, para demostrar el expolio, el gobierno español debería encontrar el pecio en esa zona, ya que en caso contrario, no existiría delito. [1]

En cualquier caso, Odyssey ya había puesto a la venta las monedas recuperadas [2] a través de una página web específica -todavía podéis rellenar el cuestionario para solicitar información-, antes de dar información alguna sobre el origen del pecio, y con un proceso judicial abierto. Cuando se le preguntó por ésto, Odyssey lo negó, aún con la claridad con la que explica el objeto de su web: “Por favor enviarme información sobre adquirir monedas y los artefactos arqueológicos del proyecto del "Black Swan" (Cisne Negro) y de otros naufragios históricos” [3].
No existe relación entre los “productos” a la venta y el Cisne Negro, según aseguró Natja Igney, directora de comunicación de la Odyssey [4], y afirmó que “…no hay demanda, sino una acción civil en la que el Gobierno español, a través del abogado americano James Goold, recuerda que el contenido de cualquier buque con su bandera le pertenece legalmente”, según indica Gaceta Náutica, y reiterando la convicción de que según “…las leyes marítimas del Almirantazgo, el 90% del tesoro es suyo con independencia de que España pruebe la propiedad del pecio”. La misma fuente afirma que al ser sustraído en aguas españolas, “rige la Ley de Patrimonio española (y también la andaluza) y se debe aplicar el Código Penal en el apartado correspondiente a los delitos de expolio”, a lo que Odyssey sostiene manteniendo el origen atlántico del tesoro, “…próximo a la costa de Cornualles e incluso acepta que las monedas podrían haber sido acuñadas en España para sufragar las guerras de Flandes” [2].

Por estos días, el gobierno español emprendió acciones legales más allá de los tribunales estadounidenses. Por fin se comenzaron a aplicar medidas que hace unos meses hubieran evitado más de un quebradero de cabeza.
La titular del juzgado número uno de la Línea de la Concepción (Cádiz) ordenó el apresamiento de los buques de Odyssey Marine -Odyssey Explorer y el Ocean Alert- atracados en el puerto de Gibraltar, en el momento que se adentrasen en aguas españolas. El objeto de la orden era llevarlos a un puerto español con el fin de registrar sus para intentar hallar algún indicio del, tan celosamente guardado secreto: el origen del Cisne Negro.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, criticó la “falta de transparencia” de Odyssey y señaló en el Congreso de los Diputados que cualquier actuación del Odyssey en el subsuelo marino español “ha sido ilegal”. [5]
Una vez emitida la orden de apresamiento, el ministerio de Cultura solicitó la colaboración de la Armada para llevar a cabo el apresamiento. Una acción conjunta entre los ministerios de Cultura y Defensa, autorizó a la Armada a llevar a cabo la colaboración con la Guardia Civil.
La ministra Carmen Calvo, también manifestó la solicitud realizada por el gobierno español a las enbajadas de Reino Unido y Estados Unidos para “que nos digan cuáles fueron los permisos aduaneros con los que despegó ese avión de Gibraltar”. [6]

El apresamiento fue llevado a cabo sobre los buques de Odyssey y el robot submarino ROV Hércules. Stemm, muy diplomático ante la orden de apresamiento, reaccionó diciendo: “No tenemos nada que esconder, y nos complace permitir que oficiales españoles y arqueólogos aborden nuestros barcos en cualquier momento”, añadiendo: “Como siempre hemos extendido una invitación al Gobierno español para que visite y observe las operaciones en nuestro barco, nos sorprende que alguien piense que se necesite una orden judicial para inspeccionarlos”, indicando que: “Siempre le hemos informado a la Guardia Civil sobre la naturaleza y programa de operaciones en aguas españolas y seguiremos haciéndolo en el futuro”. Aunque, según indica Bajoelagua, “Respecto a las declaraciones del representante del Odyssey, abiertos a una posible inspección del Gobierno español sin necesidad de que actúe la Guardia Civil, Calvo indicó que se les pidió información inmediatamente y no contestaron sobre las coordenadas marítimas exactas, la identificación del pecio y la carga concreta que se había extraído”.
La ministra solicitó en su comparecencia en el Senado que se actuara con prudencia e inteligencia no haciendo públicos más datos, confiando la continuación de las acciones legales llevadas a cabo contra la empresa caza tesoros. [7]

Probablemente, a Stemm le cambiara la cara al recibir noticias de Londres. La presión judicial, política y diplomática sobre las sospechas de que Odyssey haya abusado de la cobertura ofrecida por el gobierno británico tomó forma en un comunicado enviado a la Embajada en Madrid donde el gobierno británico solicitaba a Odyssey que revele a España el lugar del hallazgo y permita a expertos que identifiquen las monedas. La posición debería ser compatible con las registradas por la Guardia Civil y la Armada, que ya tenían casi completado el cerco sobre el posible lugar del expolio.
El Reino Unido, de alguna manera, compartiría el interés por conocer el origen del Cisne Negro. Según aseguró el gobierno británico, el contrato que mantiene con Odyssey en relación con la búsqueda del HMS Sussex “requiere que la empresa cumpla con las pertinentes normas arqueológicas internacionales” y precisó que este convenio “está sometido a una evaluación continua”. [8]

Después de esta noticia, al parecer, se hizo patente el nerviosismo despertado en Stemm. Su reacción fue bastante inesperada y poco creíble tomando como referencia la envergadura que estaba tomando el tema. Stemm declaró, nada menos, que los movimientos frente a la costa española eran parte de un juego organizado por Volvo para promocionar la película «Piratas del Caribe». El premio consistía en un Volvo y 50.000 dólares en monedas de oro que ganó la rusa Alena Zvereva. Según la noticia publicada en La Voz de Galicia, “Según las reglas del concurso, los participantes debían resolver varios enigmas por Internet hasta dar con las coordenadas exactas de dónde había sido enterrado el tesoro”. Stemm declaró que Odyssey “ha sido víctima de un malentendido ya que hasta la finalización del concurso no podía revelar la naturaleza de sus actividades en España” [9]. Esto, de alguna manera, encaja con la acusación de Roberto Mazzara [1], pero ¿cuál es la razón por la que una cuestión como la promoción de una película es capaz de llevarse hasta un posible conflicto internacional?
La explicación fue confirmada por Volvo, pero sigue sin explicar por qué la empresa no facilitó a tiempo la información de sus actividades –y sigue sin hacerlo-, tal y como se contempla en los tratados internacionales.

En otra noticia, de las mismas características, en este caso de ABC, se indica que Peter Janjbear, responsable de relaciones públicas de Volvo en Gotemburgo, declaró: “Hemos pedido a Odyssey que revele confidencialmente el lugar en el que lo escondió. Las autoridades de España ya conocen el punto exacto, nos consta”. A lo que Cultura reaccionó con sorpresa ante esta revelación: “Tal vez hayan informado a las autoridades portuarias, pero esa información ya no es relevante”.
También afirma que la Embajada británica desmintió las declaraciones que un empleado de Odyssey realizó a un diario de Hamburgo sobre la protección de la Royal Navy en 2005 ante el asedio de la Guardia Civil: “Rotundamente falso, jamás un soldado armado ha subido a los barcos de esta empresa y menos para protegerles de la Guardia Civil”. [10]

Posteriormente, Volvo hizo llegar un comunicado mediante el que parece eximirse de toda culpa en su relación con el “caso Odyssey”. En el comunicado, afirma que Greg Stemm no dijo la verdad cuando afirmó que todas sus actividades en aguas estaban relacionadas con el concurso: “Cualquier tipo de acción que no haya sido la específicamente acordada y cualquier explicación que Odyssey Marine Exploration haya podido dar relacionando a Volvo con esas actividades sería absolutamente incierta y no correspondería en modo alguno con la realidad” [11].
Todo esto, para el que no se haya perdido todavía, va tomando un cariz muy oscuro. ¿Lo de Volvo sería una coartada, o incluso lo de Mazzara?, ¿por qué Odyssey continúa sin revelar información?, ¿colaboró de una forma u otra el gobierno británico con Odyssey?... Quedan abiertos muchos interrogantes en esta historia que cada vez va tomando más pinta de culebrón.

Dejo para finalizar el capítulo del mes de junio -obviando los constantes ataques en ruedo político por parte del primer partido de la oposición en España- sobre esta crónica del “caso Odyssey”, la puesta en escena de otros grupos como Ecologistas en Acción, con su propuesta al gobierno de recuperar lo expoliado por Odyssey, y emplearlos en la realización de proyectos de ayuda al desarrollo entre las comunidades indígenas de América Latina, a los que consideran “sus legítimos propietarios”, además de solicitar a la Fiscalía de Medio Ambiente “que investigue el comportamiento de las autoridades españolas en relación con los tesoros expoliados en el Mar de Alborán” [12]. Ésto adelantará próximas reivindicaciones que veremos posteriormente.
Por otro lado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a través de Miguel Oriol propuso iniciar un ambicioso plan de recuperación de pecios sobre las costas españolas con la colaboración de la Armada, con el objeto de tener un control y conocimiento desde las instituciones españolas de los restos arqueológicos de sus costas, evitando así un nuevo caso de expolio, además de suponer un gran avance en el estudio arqueológico. [13]

Haciendo un breve resumen final, como en el capítulo de mayo de 2007:
Comienza el mes con la acusación de un submarinista sobre la falsedad de la recuperación del tesoro.
Odyssey abre una web donde ofrece la adquisición de material arqueológico del Cisne Negro.
El gobierno español emite una orden y captura los buques de Odyssey Marine.
El gobierno británico insta a Odyssey que revele información sobre el hallazgo.
Stemm, por fin revela información: todo ha sido un juego, involucrando a la empresa Volvo, que posteriormente declara que Odyssey no dijo la verdad sobre sus operaciones.

FUENTES

[1] EFE. Un experto submarinista acusa al buque Odyssey de simular la recuperación de un tesoro en Gibraltar como montaje [en línea]. [España]: 20 minutos, 2007 [Consulta: 03/06/2007] http://www.20minutos.es/noticia/242542/0/Odissey/tesoro/falso/

[2] MIRÓ, José Luis. Odyssey ya vende las monedas del tesoro expoliado en España [en línea]. [ Palma de Mallorca]: Gaceta Náutica, 2007 [Consulta: 04/06/2007] http://www.diarioderegatas.com/basic/basic/estilos/index.php?contenido_pagina_defecto=../../index.php&contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_show_table_id=73&nocache=1933

[3] [s.n.]. Cuestionario adquisición [en línea]. [Tampa]: Odyssey Marine Exploration, 2007 [Consulta: 05/06/2007] http://www.blackswanshipwreck.com/catReq_Spanish.asp?srccode=

[4] EFE. Odyssey niega que tenga a la venta en Internet monedas de tesoro submarino. [España]: Terra, 2007 [Consulta: 05/06/2007] http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/odyssey_internet_niega_tenga_venta_1622903.htm

[5] EUROPA PRESS. Al abordaje de los barcos de Odyssey [en línea]. [Cádiz]: La Verdad, 2007 [Consulta: 06/06/2007] http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20070606/sociedad/abordaje-barcos-odyssey_20070606.html

[6] EFE. Cultura pide la colaboración de la Armada en caso de que se aprese a dos buques de Odyssey [en línea]. [Granada]: Heraldo de Aragón, 2007 [Consulta: 06/06/2007] http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=200759

[7] [s.n.]. Retiran el robot submarino y material del Odyssey Explorer [en línea]. [s.l.]: Bajoelagua, 2007 [Consulta: 07/06/2007] http://www.bajoelagua.com/articulos/noticias-buceo/retiran-robot-submarino-odyssey-explorer_2999.htm

[8] GARCÍA CALERO, Jesús. Odyssey, contra las cuerdas al pedir Londres que revele el lugar del tesoro [en línea]. [Madrid]: ABC, 2007 [Consulta: 16/06/2007] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-06-2007/abc/Cultura/odyssey-contra-las-cuerdas-al-pedir-londres-que-revele-el-lugar-del-tesoro_1633724904269.html

[9] LÓPEZ, Tatiana. Odyssey dice ahora que buscaba un tesoro de mentira [en línea]. [Washington]: La Voz de Galicia, 2007 [Consulta: 27/06/2007] http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/06/22/5921078.shtml

[10] GARCÍA CALERO, Jesús. Odyssey achaca a Volvo el secretismo de sus movimientos en aguas españolas [en línea]. [Madrid]: ABC, 2007 [Consulta: 23/06/2007] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-06-2007/abc/Cultura/odyssey-achaca-a-volvo-el-secretismo-de-sus-movimientos-en-aguas-espa%C3%B1olas_1633869124514.html

[11] [s.n.]. Volvo afirma que Odyssey no dijo la verdad sobre su actividad en aguas españolas [en línea]. [Madrid]: ABC, 2007 [Consulta: 28/06/2007] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-06-2007/abc/Cultura/volvo-afirma-que-odyssey-no-dijo-la-verdad-sobre-su-actividad-en-aguas-espa%F1olas_1633963478762.html

[12] MAR. Los tesoros expoliados en el Mar de Alboran para ayuda al desarrollo [en línea]. [s.l.] Ecologistas en Acción, 2007 [Consulta: 12/06/2007] http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article8454

[13] GARCÍA CALERO, Jesús. Bellas Artes pedirá al Gobierno que la Armada extraiga los pecios españoles [en línea]. [Madrid]: ABC, 2007 [Cosulta: 26/06/2007] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-06-2007/abc/Cultura/bellas-artes-pedira-al-gobierno-que-la-armada-extraiga-los-pecios-espa%F1oles_1633922762105.html

IMÁGENES

Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán
ALPHAX. Strait of Gibraltar (Morocco and border of Spain as seen from STS-59), image rotated by 90 degree [en línea]. [s.l.] Wikipedia, 2006 [Consulta: 21/10/2007] http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Strait_of_gibraltar.jpg

EFE. La ministra Calvo, junto a Manuel Chaves [en línea]. [Granada]: Heraldo de Aragón, 2007 [Consulta: 21/10/2007] http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=200759

Cartel de Piratas del Caribe III
[s.n.]. Piratas del Caribe III [en línea]. [Colombia]: FMMAX, 2007 [Consulta: 21/10/2007] http://www.fmmax.cl/v.2/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=1

El "Caso Odyssey". Mayo de 2007

En la serie de artículos que viene a continuación quiero mostrar un seguimiento que he llevado a cabo a través de la prensa respecto a un suceso que se ha dado lugar en España, aunque otros países han entrado de una manera u otra en el "conflicto", se trata del “caso Odyssey”. Una historia de expolio arqueológico submarino que se ha convertido en un auténtico “culebrón internacional” y que no parece que vaya a solucionarse en un corto plazo.

Mi objetivo es mostrar a través de una serie de artículos esta historia, reciente y de gran envergadura, de expolio arqueológico.
El artículo que sigue será el correspondiente al mes de mayo, el cual supone el origen de la crónica. La prensa utilizada es básicamente en idioma español, con lo que la crónica quizá pueda quedar algo sesgada.

Odyssey Marine Exploration es una empresa privada estadounidense, propiedad de Greg Stemm, un antiguo agente publicitario transmutado en cazatesoros; fundada en 1994 y con sede en Tampa (Florida) dedicada a la exploración y recuperación de naufragios, para su posterior beneficio como el pago a sus servicios o la apropiación de lo encontrado.


La primera noticia respecto a este suceso concreto, la encontramos el 19 de mayo del presente año, un día después del anuncio del hallazgo por parte de Odyssey. El titular de El País decía “Cultura sospecha que la empresa Odyssey podría haber expoliado el patrimonio español” [1]. Según el artículo, Odyssey anunció el día anterior, “…el hallazgo de un buque hundido con un valioso botín, cuya nacionalidad y lugar de procedencia se negó a facilitar”. Dicho botín estaba valorado en 370 millones de € en las 17 toneladas de monedas de plata y oro.
El Ministerio de Cultura denunció a la Guardia Civil la sospecha de un posible expolio arqueológico en aguas españolas, ya que Odyssey sólo tenía permisos para su exploración frente a las costas de Gibraltar (mar de Alboran) siendo territorio británico, más concretamente sobre la búsqueda del navío británico HMS Sussex, cuyo naufragio databa de 1694 que fue localizado recientemente.
La Guardia Civil a través del Grupo de Patrimonio Histórico se comprometería a velar por la naturaleza del hallazgo.

La cuestión es que Odyssey se negó tanto a la identificación del pecio, su nacionalidad y su procedencia, según Cinco Días [2], esta confidencialidad fue tomada por la empresa “…para evitar conflictos legales, en los que ya se ha visto envuelto.” Añade que Odyssey se amparó “…en la naturaleza secreta del proyecto denominado Cisne Negro”.
Añadido a esto, las sospechas se vieron más fundadas con “…la llegada al aeropuerto de Gibraltar, el pasado jueves, de un Boeing 757 aparentemente fletado por Odyssey Marine Exploration, que lo cargó rápidamente y lo envió de vuelta a Nueva York”, como podemos observar en una noticia de El Correo Digital, rescatada por Notofilia.com [3]. Esta fuente cita que “Expertos británicos y estadounidenses opinan, sin embargo, que el tesoro de monedas de oro y plata pertenece al buque inglés 'Merchant Royal', naufragado en 1641 frente a la costa de Cornualles” debido a que Odyssey solicitó en 2006 a un tribunal estadounidense los derechos exclusivos de rescate de un mercante del siglo XVII “… naufragado a unas 40 millas al suroeste de Inglaterra” y los consiguió en abril de 2007.
Aunque también cita que habría otra hipótesis sobre la verdadera identidad de “El Cisne Negro”. Ésta sería su identificación con “El Dorado de los Mares” que, en este caso se trataría de un navío español.

Aún con la incertidumbre, Odyssey se vio beneficiada con un aumento de “…un 80,87% en su cotización en el American Stock Exchange” en pocos días [2].

Tras el suceso y la denuncia por parte del Ministerio de Cultura, la ministra Carmen Calvo inició una investigación sobre el origen del pecio. Según indica La Voz, la ministra realizó unas declaraciones, en la conferencia pronunciada en la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla, indicando que “Ejerceremos todas nuestras competencias y derechos en el hipotético caso de que el hallazgo sea patrimonio español”. “Cuando lo sepamos con claridad, actuaremos con arreglo a las leyes españolas, que dicen que el patrimonio subacuático que está en el litoral español es de España, y activaremos todos los acuerdos internacionales a los que en esta materia podemos acogernos”. [4]

No sólo España sería la única interesada en conocer la identidad y ubicación del pecio, el gobierno británico también sería uno de los interesados en desvelar el secreto de “El Cisne Negro” que tan celosamente guardaban los caza-tesoros, según lo que declaró la embajada británica en Madrid.

Como una especie de juego de las adivinanzas, Odyssey desveló que el pecio hallado no era el HMS Sussex, según declaró en un comunicado: “"no es el HMS Sussex" y "no se halló en aguas próximas a donde se cree que está el HMS Sussex", para cuya identificación, que no extracción de su contenido, la empresa obtuvo permiso tras un acuerdo entre Reino Unido y España”. “Más allá de esto, no podemos confirmar la identidad del pecio (cuyo tesoro ha recuperado) porque ni siquiera nosotros estamos seguros”, dónde también indicó que “…había hallado el "Cisne Negro" en un punto indeterminado del Océano Atlántico pero "más allá de las aguas territoriales o de jurisdicción legal de cualquier país"”, según indica Crónica de Cantabria [5]. A lo que añadió: “Sobre la mayor parte de los restos arqueológicos que hemos recuperado, incluido el de este proyecto (llamado "Cisne negro"), surgirán reclamaciones de otras partes”… “Nuestros asesores legales nos han indicado que aun en el caso de que alguna reclamación prospere y sea legitimadas por los tribunales, nosotros recibiríamos la mayor parte" de las piezas recuperadas”, según publica La Flecha [6].

Tomando más datos de los comunicados de la empresa Odyssey Marine, podemos comprobar las aspiraciones de los caza tesoros respecto al “botín arqueológico”. Según aparece en Notofilia.com de una noticia extraída de El Sur Digital, Odyssey declara que: “Si somos capaces de confirmar que otra entidad tiene un legítimo reclamo legal sobre este pecio cuando -y si es posible- se verifique su identidad, tenemos la intención de facilitar un aviso a todas las potenciales partes reclamantes. Si otra entidad es capaz de demostrar que tiene un interés de propiedad en el pecio y/o su carga, que no ha sido abandonado legalmente, Odyssey solicitará una compensación por recuperación. En casos similares, los recuperadores de estos pecios han recibido hasta el 90 por ciento de lo extraído” [7]. Éste hecho de encubrimiento y falta de transparencia informativa, explica de alguna manera, la rápida estrategia del traslado de las piezas recuperadas, que fueron cargadas en Gibraltar con destino a Tampa.

En el Diario Vasco encontramos una noticia más aclaratoria sobre la zona de operaciones del Odyssey. Según el artículo, el buque caza tesoros estuvo operando sobre aguas de soberanía española durante todo el invierno. Éste hecho fue denunciado por Pipe Sarmiento, un particular español que utilizó un servicio de seguimiento por satélite de la aseguradora británica Lloyd´s, diseñado para combatir la piratería, que facilita con exactitud la posición de los buques mercantes.
Según las averiguaciones de Pipe Sarmiento, “el buque de los cazatesoros estadounidenses pasó la mayor parte del invierno en aguas del Estrecho de Gibraltar y pudo realizar la extracción del tesoro entre los días 1 y 17 de marzo”, sobre las mismas coordenadas que la empresa caza tesoros dijo que había localizado el HMS Sussex [8] (Se puede escuchar una entrevista radiofónica a Pipe Sarmiento publicada en La Gaceta Náutica [9]). Ésto se convirtió en una prueba sólida, y fue presentada en la conferencia “Galeones y Tesoros” en el Ateneo de Madrid, donde Juan Manuel García Menocal, presidente de la agrupación "El Mar y sus Ciencias", expuso: "Es por tanto absolutamente falso, que estos barcos hayan recuperado tesoro alguno en aguas del Atlántico, pues durante el invierno y hasta la fecha jamás han salido de las aguas españolas del Mediterráneo frente a Estepona y Gibraltar, donde han trabajado y rastreado el fondo marino durante los últimos 5 años. Para realizar la extracción de 500.000 monedas del fondo marino hacen falta varias semanas." [10].

En Buscalis.com, alguien se aventura a establecer una prueba sobre la nacionalidad del tesoro, según indica, “…una imagen tomada en el aeropuerto de Gibraltar por un operario durante la carga del tesoro del Odyssey en un avión con destino a Tampa muestra un real de a 8 de Carlos III”. También indica un posible intento de manipulación por parte de Odyssey sobre las fotos que entregadas a la agencia Associated Press “…con el fin de borrar el perfil del Monarca español, según ABC denunciaba ayer”, según indica el portal [11].

Por otro lado, en 20 minutos [12], podemos observar más a fondo la discrepancia entre la empresa estadounidense y el gobierno español, haciendo una referencia a una entrevista publicada por El Mundo -que personalmente supongo que se tratará la entrevista a Greg Stemm que encontré a través de El País y que aparece recogida por Notofilia.com [13]-, en esta entrevista se le pregunta sobre la fotografía de la moneda de Carlos III, algo que Stemm niega y sigue “sin soltar prenda” sobre el origen del tesoro. Lo que no se le pregunta es por la zona de operaciones localizada a través del satélite. Además Stemm , a la pregunta “¿No habría sido mejor ofrecer al Ministerio de Cultura la posibilidad de involucrar a arqueólogos españoles en las expediciones?”, respondió: “Y lo hemos hecho. Les invitamos a mandar a sus arqueólogos desde que trabajamos en la zona. Hemos estado esperando desde enero de 2006. Si hubieran estado en nuestro barco no habría habido tantas preguntas”.

Esta respuesta cabría ponerla en relación con el artículo que encontré en el portal Nodo50 y que fue publicado por Ecologistas en Acción . El artículo denuncia las andanzas del Odyssey –que vienen de atrás- en el contexto de la recuperación del HMS Sussex en enero del 2006 y cuyo permiso fue concedido en el 2001 durante el gobierno del Partido Popular, así como la desidia de las instituciones españolas a las que pertenecen las competencias sobre la jurisdicción marítima (Junta de Andalucía), en cuanto a la solicitud de permisos -al parecer expirados- y la vigilancia marítima sobre las operaciones de esta empresa [14].

Según indica el artículo de 20 minutos, “…John D. Kimball, abogado de Nueva York, asegura que si se demuestra la procedencia del barco, el Gobierno responsable tendrá que demostrar sus derechos de posesión, y que las monedas eran suyas cuando se embarcaron”. En contraposición, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, declaró tajantemente: “Si es un buque del Estado español y el contenido es de España: punto y final” [12].

Aún con esto, Odyssey manifestó su ánimo de continuar las exploraciones, programando una expedición mayor. Respecto a la continuación de la exploración, cabría decir que desde las sospechas, se encontraban vigilados por la Guardia Civil “la empresa norteamericana ha negado cicatería o maniobras de esquinazo. Incluso han llegado a afirmar que «cuando operamos en, o cerca de, aguas territoriales españolas, informamos de nuestros planes y movimientos a la patrulla marina de la Guardia Civil antes de enviar nuestros barcos. Ellos son capaces de monitorizar todas nuestras actividades visiblemente con sus patrulleras o a través de radar, por eso es ilógico sugerir que hemos realizado operaciones ilegales»” [7].

Ante la negativa a facilitar información sobre el pecio por parte de Odyssey, el gobierno español optó por llevar el caso a los tribunales contratando los servicios del abogado de Washington James A. Goold, que según declaró: “Hemos iniciado procedimientos legales en un tribunal de Tampa, Florida, para reivindicar el principio legal de que el legado cultural español que se encuentra bajo las aguas jurisdiccionales no puede ser recuperado sin la autorización del Estado español”.
Goold manifiesta que Odyssey no tiene derecho a rescatar los restos de navíos españoles sin permiso basando su argumento en la jurisprudencia, ya que los tribunales del Estado de Virginia rechazaron en el año 2000 una demanda de la empresa cazatesoros Sea Hunt sobre la propiedad de dos fragatas españolas, “La Galga de Andalucía” y “Juno” [15].
Según señala la demanda, el gobierno español trata de preservar sus derechos de propiedad “sobre el buque hundido mientras estaba al servicio del Reino de España y la carga y otras propiedades”, además de reservarse “la soberanía y los derechos sobre el buque, carga, artefactos y cualquier contenido” hallado en el pecio [16].

La última referencia que habría para el mes de mayo, la ofrece Gaceta Náutica, en la que confirma que el Odyssey extrajo el tesoro en aguas españolas.
En el artículo, se indica que el gobierno español “…no ha hecho nada, al menos desde 2002, por evitar la sustracción de un patrimonio cuya propiedad y custodia le corresponden por Ley”. Añadiendo que la Armada venía informando al gobierno sobre los movimientos del Odyssey sobre aguas españolas y éste no permitió ninguna acción a pesar de una ley preconstitucional de 1962 (Ley de Auxilios, Remolques, Extracciones y Hallazgos) que hubiera permitido llevar a cabo acciones contra los caza tesoros.
El artículo recuerda las pruebas contra Odyssey: el seguimiento hecho por satélite y la moneda de Carlos III, descartando que el pecio fuese el “Merchant Royal” ó el “HMS Sussex”, citados anteriormente.
También indica que: “Odyssey Marine ha perpetrado el saqueo del pecio en clara connivencia con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según un contrato al que ha tenido acceso Gaceta Náutica, los cazatesoros y la Armada británica acordaron en 2002 repartirse el oro del Sussex”, argumentando que “El pasado 30 de marzo, apenas diez días después de la última campaña de extracción en el paralelo 36, cerca de la costa de Sotogrande, el Gobierno de Blair aparece como agente contratante del Ocean Alert, el barco que, supuestamente, trasladó las monedas hasta el puerto Gibraltar. Ni Odyssey ni Inglaterra han probado nunca que el barco hundido en las aguas españolas sea británico” [17].

Como resumen, durante el primer mes del “caso Odyssey” -aunque como hemos podido observar viene de antes- ha sucedido lo siguiente:
Una empresa estadounidense opera sin permiso sobre aguas españolas ante una cierta actitud de desidia de las instituciones.
La empresa caza tesoros encuentra el que puede ser el mayor tesoro hallado en la historia en un pecio, y rápidamente actúa, supuestamente con la colaboración del gobierno británico –viéndose envuelto-, traslada los materiales extraídos a su sede y oculta cualquier información.
El gobierno español emprende diversas acciones para conocer el origen del hallazgo ocultado por una empresa que acumula denuncias desde 1998.
Salen a la luz pruebas sobre la zona de operaciones del Odyssey y sobre la “españolidad” de los materiales hallados.
La empresa niega, “maquilla”, oculta o da respuestas ambiguas sobre la existencia de estas pruebas y el origen del pecio, mostrándo su ánimo por quedarse con lo expoliado.
El gobierno español emprende acciones legales contra esta empresa a través del sistema judicial estadounidense.

FUENTES

[1] EFE. Cultura sospecha que la empresa Odyssey podría haber expoliado el patrimonio español [en línea]. [Madrid]: El País, 2007 [Consulta: 19/05/2007] http://www.elpais.com/articulo/espana/Cultura/sospecha/empresa/Odyssey/podria/haber/expoliado/patrimonio/espanol/elpepuesp/20070519elpepunac_9/Tes

[2] SIMÓN, Alfonso. La empresa Odyssey rescata el mayor tesoro submarino de la historia [en línea]. [Madrid]: Cinco Días, 2007 [Consulta: 19/05/2007] http://www.cincodias.com/articulo/empresas/empresa/Odyssey/rescata/mayor/tesoro/submarino/historia/cdscdi/20070519cdscdiemp_17/Tes/

[3] [s.n.]. El Gobierno sospecha que el rescate de un tesoro submarino es un expolio [en línea]. [España]: Notofilia.com, 2007 [Consulta: 22/05/2007] http://www.notofilia.com/numismatica/noticias/el_gobierno_sospecha_que_el_rescate_de_un_tesoro_submarino_es_un_expolio_20070521513/

[4] WOOLLS, Daniel. Madrid reclamará tesoro si era de barco español [en línea]. [Madrid]: La Voz, 2007 [Consulta: 21/05/2007] http://www.azcentral.com/lavoz/spanish/global/articles/global_128996.html

[5] [s.n.]. La "cazatesoros" Odyssey afirma que el navío del que ha recuperado oro no estaba en aguas españolas ni era el HMS Sussex [en línea]. [Cantabria]: Crónica de Cantabria, 2007 [Consulta: 22/05/2007] http://80.34.38.142:8080/cronicadecantabria/index.php?envio=noticia&id=7373

[6] EFE. El Odyssey dice que recuperó el tesoro submarino conforme a las leyes [en línea]. [Madrid]: La Flecha, 2007 [Consulta: 22/05/2007] http://www.laflecha.net/canales/ciencia/el-odyssey-dice-que-recupero-el-tesoro-submarino-conforme-a-las-leyes/

[7] RODRÍGUEZ, Pedro. Odyssey aspira al 90 por ciento del tesoro [en línea]. [España]: Notofilia.com, 2007 [Consulta: 24/05/2007] http://www.notofilia.com/numismatica/noticias/odyssey_aspira_al_90_por_ciento_del_tesoro_20070524526/

[8] MÉNDEZ, Julián. El barco que rescató el tesoro operó en aguas españolas todo el invierno [en línea]. [Bilbao]: El Diario Vasco, 2007 [22/05/2007] http://www.diariovasco.com/prensa/20070522/aldia/barco-rescato-tesoro-opero_20070522.html

[9] OLIVER, David. La Armada española confirma en el programa de radio Ones de Mar que hubo prospecciones de cazatesoros extranjeros en aguas españolas [en línea]. [Palma de Mallorca]: Ones de Mar, IB3 Ràdio, 2007 [Consulta: 22/05/2007] Extraído de La Gaceta Náutica http://213.201.86.222/sesiones/gaceta/web/ones_de_mar/sp_7.mp3

[10] [s.n.]. Conferencia «Galeones y tesoros». Informe inédito sobre el caso del buque cazatesoros «Odyssey» [en línea]. [Madrid]: Ateneo de Madrid, 2007 [Consulta: 25/05/2007] http://www.ateneodemadrid.net/08Noticias.htm

[11] RUBÉN. El tesoro que el «Odyssey» cargó en Gibraltar es de monedas españolas [en línea]. [s.l.] Buscalis.com, 2007 [Consulta: 25/05/2007] http://www.buscalis.com/noticias/content/view/56/1/

[12] [s.n.]. El tesoro de Odyssey podrían quedárselo sus descubridores pese a que sea español [en línea]. [España]: 20 minutos, 2007 [Consulta: 25/05/2007] http://www.20minutos.es/noticia/239128/0/odyssey/tesoro/rescatado/

[13] [s.n.]. Los arqueólogos españoles podrían haber estado en nuestro barco [en línea]. [España]: Notofilia.com,2007 [Consulta: 26/05/2007] http://www.notofilia.com/numismatica/noticias/%22los_arqueologos_espanoles_podrian_haber_estado_en_nuestro_barco%22_20070525537/

[14] [s.n.]. El buque Odyssey usurpa nuestros fondos marinos [en línea]. [Cádiz]: Ecologistas en Acción, Nodo50, 2007 [Consulta: 22/01/2007] http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=793

[15] CAÑETE BAYLE, Joan. España lleva el “caso Odyssey” a los tribunales [en línea]. [España]: Notofilia.com, 2007 [Consulta: 30/05/2007] http://www.notofilia.com/numismatica/noticias/espana_lleva_el_%b4caso_odyssey%b4_a_los_tribunales_20070530565/

[16] EFE. El Gobierno español demanda en EEUU a la empresa cazatesoros Odyssey [en línea]. [Miami]: Diario Ideal, 2007 [Consulta: 31/05/2007] http://www.ideal.es/granada/20070531/cultura/espana-demanda-eeuu-empresa_200705310231.html

[17] MIRÓ, José Luis. Confirmado: Odyssey robó el tesoro ‘más grande de la historia’ en aguas españolas [en línea]. [Palma de Mallorca]: Gaceta Náutica, 2007 [Consulta: 31/05/2007] http://www.diarioderegatas.com/basic/basic/estilos/index.php?contenido_pagina_defecto=../../index.php&contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_show_table_id=70&nocache=5850

IMÁGENES
[s.n.]. RV Odyssey Explorer [en línea]. [Nueva York]: Eco-Photo Explorers, 2005. [Consulta: 07/10/2007] http://www.ecophotoexplorers.com/ssrepublic.asp

AP PHOTO/ODYSSEY MARINE EXPLORATION. In this photo provided by Odyssey Marine Exploration, Odyssey co-founder Greg Stemm, left, examines coins recovered from the "Black Swan" shipwreck with an unidentified member of the conservation team on Thursday [en línea]. [Canadá]: CBC, 2007 [Consulta: 07/10/2007] http://www.cbc.ca/cp/Oddities/070518/K051806AU.html

Análisis antropológico sobre los restos de Juan II, Isabel de Portugal y el infante Alfonso

Regresé de mi descanso estival. No viajé a ningún lugar exótico ni de gran interés así que no voy a comentar mis vacaciones ya que las he dedicado simplemente al descanso.
Podría citar algunas noticias históricas sucedidas durante mi ausencia de la blogosfera, como la catástrofe, que ha afectado en todos los ámbitos, sucedida en Grecia. Pero voy a publicar una noticia que he leído hoy mismo en la edición electrónica del Diario de León.

En el artículo, se comentan el resultado de los últimos estudios antropológicos llevados a cabo sobre los restos óseos de los que fueran padres (Juan II de Castilla e Isabel de Portugal) y hermano (el infante rey Alfonso) de Isabel I de Castilla, conocida universalmente por Isabel "la Católica", que yacen en el panteón real de la Cartuja de Miraflores (Burgos).
Los estudios, llevados a cabo por encargo de la Junta de Castilla y León, han sido dirigidos por los profesores Luis Caro y María Edén Fernández, y han colaborado entre otras entidades la Universidad de León, el Instituto toxicológico de Madrid y la Universidad del País Vasco.

Los estudios han aportado más datos sobre la apariencia física y las causas de la muerte de la familia real castellana, pero considero excesivo el titular dado por la prensa. O bién en la redacción del artículo han omitido datos importantes, o no me explico como la reconstrucción del posible aspecto de Juan II pueda "cuestionar toda la historia oficial de Isabel I y Enrique IV" (quizá sea por el "misterioso dedo gordo"). A continuación publico el fragmento del artículo:

Tres reyes

Para empezar, la investigación ha certificado que los cuerpos que descansan en el templo cartujo son realmente los que pertenecieron a los tres personajes citados. Así lo ha demostrado el estudio genético, que ha probado que los restos de Alfonso tienen el mismo ADN mitocondrial que los huesos de la mujer enterrada junto a Juan II.

Llegados a este punto, es hora de recordar la historia. Estamos en el siglo XV, en una encrucijada cuya solución puede llevar a España a encaminarse hacia futuros diametralmente distintos. Al morir Juan II, sube al trono el que reinará como Enrique IV, hijo de Juan y de María de Aragón. Tras un matrimonio anulado por el Papa -el enlace no llegó a consumarse- contrae segundas nupcias con Juana de Portugal. De este enlace nacería Juana, apodada para siempre la Beltraneja, por la creencia -apoyada en la cacareada impotencia del rey- de que era, en realidad, hija de Beltrán de la Cueva. Ante la insistencia de la nobleza, Enrique IV acepta nombrar heredero a su hermano, el infante rey Alfonso, cuyo ordinal, según muchos historiadores habría sido XII, hecho que modificaría el nombramiento de los siguientes monarcas de este nombre.

Tras la muerte de éste (muerte cuya causa se desconoce) Enrique firma con su hermanastra Isabel el Tratado de los Toros de Guisando, según el cual nombrará heredera a Isabel, dejando a su hija Juana fuera de la sucesión. A cambio, la futura reina se compromete a no casarse sin la aprobación del rey.

Pasa el tiempo y llegamos a 1469, año en el que Isabel contrae matrimonio secreto con Fernando de Aragón. Enrique considera roto el acuerdo y proclama a Juana heredera al trono. Su muerte provoca la guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana, guerra cuya suerte se decidirá en la batalla de Toro el 1 de marzo de 1476. Detrás de estos veinte años de historia subyacen intrigas, conjuras palaciegas, conspiraciones y, tal vez, asesinatos. En este punto, hay que destacar cómo Antonio Gala asegura en su último libro, El pedestal de las estatuas , que Isabel envenenó a su hermano Alfonso con el fin de allanar su camino hacia el trono. Otros muchos creen que los culpables fueron los partidarios del rey. El hecho cierto es que el infante Alfonso murió en un periodo de cinco días en pleno enfrentamiento con su hermano Enrique. El infante Alfonso, que se encuentra refugiado en la provincia de Ávila, muere en la ciudad de Cardeñosa a los 14 años de edad. En principio se quiso achacar su muerte a la peste, pero el médico que estudia el cadáver acabó con las sospechas: «Ninguna señal de pestilencia en él apareció».

El caso cierto es que los análisis toxicológicos practicados en los restos de Alfonso no revelan existencia de sustancia alguna que pueda confirmar que murió envenenado. No obstante, no se puede asegurar que su muerte se debiera a causas naturales, puesto que los restos se encontraban en un ataúd afectado por la humedad, el mayor enemigo para la conservación de los restos, y, además, podría haberse tratado de un veneno indetectable. Por lo tanto, el caso sigue abierto.

El cráneo de un rey

Por eso, el meollo de la investigación se encuentra en el estudio de Juan II, hallado prácticamente entero, lo que ha permitido estudiar por primera vez los rasgos anatómicos y antropológicos de un rey, su retrato físico. Hay que subrayar que el cuerpo del monarca se encontró en una urna de madera en la cripta, si bien siempre estuvo bien aislado y ventilado, por lo que su estado fue mucho mejor que el de su hijo Alfonso. Además, junto a su cuerpo se encontraron restos muy fragmentarios de otra persona (Isabel de Portugal), junto a un lápiz de carpintero y huesos de jabalí. Se sabe que, al igual que ocurrió en el Panteón Real de San Isidoro, la Cartuja de Miraflores resultó asaltada por las tropas francesas, que profanaron las tumbas reales y robaron lo que allí pudieron encontrar. De ahí que los restos de la reina Isabel de Portugal hayan sido mutilados.

¿De quién era ese rostro?

Las crónicas siempre han descrito a Enrique IV como un hombre terriblemente feo. Los historiadores no ahorraron descalificaciones para dibujar la apariencia física y el espíritu moral del hermanastro de Isabel. Así le describía, por ejemplo, el cronista y escritor del siglo XV Alonso de Palencia: «Sus ojos feroces, de un color que ya por sí demostraba crueldad, siempre inquietos en el mirar, revelaban con su movilidad excesiva la suspicacia o la amenaza; la nariz deforme, aplastada, rota en su mitad a consecuencia de una caída que sufrió en la niñez, le daba gran semejanza con el mono; ninguna gracia prestaban a la boca sus delgados labios; afeaban el rostro los anchos pómulos, y la barba, larga y saliente, hacía parecer cóncavo el perfil de a cara, cual si se hubiese arrancado algo de su centro».

Pasemos ahora a lo que el estudio antropológico ha descubierto. Según los antropólogos Luis Caro y María Edén Fernández, el análisis del cráneo de Juan II demuestra que Juan II tenía la cara ligeramente torcida hacia el lado izquierdo. Tenía la cara alta y no muy ancha, así como una nariz grande y de gran jiba, junto unos senos maxilares inflamados alrededor de la nariz, en particular el izquierdo. Sin embargo, lo más característico de la cara de Juan II es su nariz deforme a consecuencia de un traumatismo ocurrido en su infancia, que provocó la desviación del tabique nasal hacia el lado izquierdo y una laterorrinia externa del apéndice nasal hacia el lado derecho. Se puede decir que este aspecto facial es característico y define la cara de Juan II. La lesión ha tenido consecuencias en cuanto al desarrollo interno de los cornetes nasales, impidiéndole respirar con normalidad por la nariz y afectó también al desarrollo facial izquierdo, que presenta hipoplasia.

Fracturas

Un segundo hecho importante es la fractura de su escápula izquierda, ocurrida cuando era adulto. Esta rotura no fue corregida y le dejó secuelas de por vida, secuelas que afectaron a la movilidad del hombro y brazo izquierdo, lo que le obligó a ser diestro funcional. Junto a estos, Juan II presenta un tercer defecto que afecta al sacro, como resultado de una variabilidad anatómica congénita denominada enderezamiento del sacro, consistente tanto en la disminución de la cifosis sacra, como del ángulo lumbosacro. En una palabra, este defecto le habría impedido sentarse correctamente. Asimismo, el estudio antropológico muestra que el rey fue muy alto (1,79 centímetros) y su defunción ocurrió a una edad entre los 47 y los 50 años. No existen indicios claros que puedan señalar la causa, pero puede afirmarse que se trató de un proceso agudo, no crónico, y que, por tanto, no dejó evidencia en los huesos. Poco más puede precisarse acerca de su muerte, si bien las crónicas señalan que padeció fiebres cuartanas dobles (malaria), que le dejaron grandes secuelas. Aunque se recuperó, murió finalmente en Valladolid el 22 de julio de 1454 con 49 años, desde donde fue llevado a Miraflores.

El infante rey

En el caso del infante rey Alfonso, las conclusiones de Luis Caro subrayan la coincidencia de los hechos históricos y del análisis antropológico. Así, el estudio precisa que al morir tenía una estatura estimada de 165 centímetros, muy alta para su edad, por lo que, en edad adulta, podría haber alcanzado los 180 centímetros.

El cráneo estaba destruido, desintegrado, debido a las malas condiciones del enterramiento. El hecho de que los restos se encuentren en su enterramiento original permitió recuperar, no obstante, numerosas piezas esqueléticas que, de otro modo, se habrían perdido en sucesivas reducciones de restos o por cambios de lugar. Estas pequeñas piezas son las que permitieron definir la edad, el sexo y la estatura con gran precisión, con lo que está fuera de toda duda que se trata de Alfonso de Trastámara. Luis Caro destaca que existe un hecho sobresaliente y misterioso: la existencia en el sarcófago de un dedo gordo del pie perteneciente a una mujer adulta cuya procedencia resulta, al menos de momento, imposible.

FUENTE
FANJUL, Cristina. Un estudio leonés cuestiona toda la historia oficial de Isabel I y Enrique IV [en línea]. [León]: Diario de León, 2007 [Consulta: 02/09/2007]. http://www.diariodeleon.es/inicio/noticia.jsp?CAT=113&TEXTO=6107205

IMÁGEN
ORDÓÑEZ, Félix. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal en la monumental Cartuja de Miraflores [en línea]. [Castilla y León]: Canal Castilla y León, 2007. http://canales.nortecastilla.es/canales_provinciales/php2/web/index.php?portal=5&noticia=2145